CDT Castilla y León ha aprobado un cambio normativo y Andalucía y Castilla-La Mancha un anteproyecto. El objetivo es mejorar la eficiencia de la gestión forestal, lo que, en última instancia, aumentará la oferta de madera y fomentará su uso en el sector
Fuente: Idealista
La madera está ganando protagonismo en la construcción, en un momento en el que España necesita acelerar el desarrollo de viviendas y apostar por la sostenibilidad ambiental.
Cada vez son más las promociones de viviendas que se construyen con este material, que se ha convertido en uno de los más usados, junto con el hormigón y el acero. Y ya se están dando pasos normativos que permitirán acelerar la tendencia en un futuro no muy lejano.
En los últimos meses, Castilla y León ha aprobado un cambio legislativo que busca mejorar la eficiencia de la gestión forestal a través de la creación de entidades privadas supervisadas por el sector público, mientras que la Junta de Andalucía ha aprobado un anteproyecto de ley y Castilla-La Mancha ya ha presentado al Consejo Consultivo un texto que contempla esta posibilidad.
La Fundación Gómez-Pintado está detrás de esta iniciativa que fomentará el cuidado de los bosques y montes, traerá actividad económica y, en última instancia, permitirá que haya más madera en el mercado, que sea aprovechada por sectores como la construcción y, así, crear una industria nueva y de valor añadido en torno a la madera en la edificación.
La fundación que lidera Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la promotora Vía Ágora y expresidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), planteó hace justo tres años la puesta en marcha de una nueva figura de colaboración público-privada en el sector forestal basada en una fórmula ya existente: la Entidad Colaboradora Urbanística (ECU).
Se trata de entidades privadas a las que la Administración delega trabajos en circunstancias determinadas, cuando no dispone de los medios ni los recursos públicos necesarios para acometerlos. Estas entidades están supervisadas por la Administración y deben cumplir la regulación de la comunidad autónoma donde se encuentran. Siguiendo este mismo modelo, la propuesta concreta en materia forestal son las llamadas Entidades Selvícolas de Colaboración (ESCs).
Desde la Fundación Gómez-Pintado explican que el objetivo de impulsar estas entidades es “cohesionar y fortalecer a dos sectores, el de la construcción y el forestal”.
En los últimos años, añaden, “el sector forestal español se ha focalizado en la producción de palets, embalajes y pellets, lo que aporta un escaso valor añadido a la madera. Sin embargo, la demanda de madera estructural para construir en altura comienza a ser una realidad, y es una ventana de oportunidad para dinamizar el sector forestal, y favorecer el tejido empresarial y humano en las zonas rurales donde crecen y se ubican nuestros montes en España”. Además, insiste la fundación, “la construcción mixta con madera es una vía primordial para descarbonizar nuestros edificios, al ser un biomaterial fácilmente industrializable”.
Garantizar el suministro de madera de forma ágil
Juan Antonio Gómez-Pintado explica a idealista/news que la iniciativa de poner en marcha las ESCs surgió cuando Lignum Tech, empresa que forma parte de la corporación Vía Ágora, abrió en 2023 una fábrica en Cuenca destinada a construir fachadas de madera a través de robots no solo para sus propias viviendas, sino también para las de otros promotores y constructores.
“Nos dimos cuenta de que, de alguna manera, había que garantizar el suministro de madera estructural de una manera ágil, porque podemos pensar que la cantidad de madera disponible puede ser muy elevada, pero no lo es tanto. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la planificación de cómo se gestionan los montes depende de las Administraciones, cuya situación es compleja”. En el caso forestal, el ejemplo más claro es que el sector público se vuelca en la prevención y extinción de incendios durante los meses más calurosos del año, lo que acaba cercenando sus recursos prácticamente desde mayo a octubre.
“Si en el sector inmobiliario y el urbanismo usamos las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs) para agilizar trámites, ¿por qué no hacer lo mismo con el monte? ¿Por qué no identificar los cuellos de botella que tiene las distintas comunidades autónomas en la gestión y facilitamos la generación de estas entidades? Eso es lo que pensamos y, como no las podíamos llamar urbanísticas, las hemos llamado entidades colaboradoras selvícolas, pero su objetivo es exactamente el mismo: que la Administración delegue actividades a un organismo privado y lo supervise. En este caso, la gestión forestal para modernizarla y facilitar que haya madera suficiente en el mercado y que no se produzcan cuellos de botella”, agrega Gómez-Pintado. Y es que, como añade el promotor, los bajos niveles de extracción de madera no serían suficientes como para atender las necesidades del mercado cuando el sector de la promoción empiece a ser demandante intensivo.
Con este planteamiento sobre la mesa, la fundación encargó al despacho de abogados Uría Menéndez un análisis de la reglamentación estatal y autonómica para ver si tenía cabida una figura como las Entidades Selvícolas de Colaboración; y el informe fue positivo.
Acto seguido, encargó un informe de impactos socioeconómicos de la posible implantación de las ESCs en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Castilla y León, que concentran buena parte de los recursos forestales españoles y, en cambio, registran unas tasas medias de extracción de madera muy modestas.
La fundación presentó los trabajos a ambos gobiernos autonómicos, y también al de Andalucía, y esos encuentros han derivado en la modificación de las leyes de montes para dar cabida a la figura de las Entidades Selvícolas de Colaboración. A los casos de Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha se podría sumar también Aragón, región a la que la Fundación Gómez-Pintado también planea presentar una propuesta próximamente.
Los cambios normativos que se han materializado
Castilla y León fue la primera comunidad en dar el paso. El cambio se contempló en la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, que modificó la ley de montes de Castilla y León (Ley 3/2009) para regular las Entidades Selvícolas de Colaboración, a las que califica como “mecanismos de colaboración público-privada con la finalidad de promover una mayor movilización de los aprovechamientos forestales y la implantación generalizada de los principios de la gestión forestal sostenible”. Estas entidades vienen recogidas concretamente en el artículo 103 bis.
El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado también modifica el artículo 104 bis para “clarificar su redacción y añadir un nuevo apartado para salvaguardar el cumplimiento de las externalidades o funciones de los montes y por tanto el beneficio que estos representan para el conjunto social”.
Desde la Junta de Castilla y León explican a idealista/news que “el incremento de los aprovechamientos forestales es uno de los objetivos fundamentales de la consejería de Medio ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Para ello, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se han puesto en marcha distintas líneas de trabajo entre las que destacan las líneas de agrupación de la propiedad para su aprovechamiento conjunto (el minifundismo es uno de los principales problemas en más de 1 millón de hectáreas), así como la flexibilización de la planificación forestal, para lo que la Junta ha puesto en marcha una modificación de la normativa que regula los planes técnicos y los planes de ordenación de aprovechamiento de los montes para dotarles de más agilidad. También se ha modificado la regulación de los aprovechamientos forestales en montes particulares para que sea más sencillo para el propietario obtener la preceptiva autorización”.
A ello se suma la línea que defiende la Fundación Gómez-Pintado, que es “la posibilidad de poder contar con ‘organizaciones’ que ayuden a la administración y a los propietarios a realizar los aprovechamientos. Ya se ha incorporado esta posibilidad en la ley de montes de Castilla y León y en los próximos meses se iniciará su desarrollo normativo de acuerdo con el sector, tanto propietarios como industria”, según el Gobierno regional.
En el caso de Andalucía, la Junta aprobó a finales de septiembre de 2024 la figura de las ESCs en el borrador del Anteproyecto de la Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que viene recogida en el artículo 112. El texto se encuentra actualmente en fase de información pública y todavía debe pasar por el Parlamento andaluz.
Según explicó entonces el Ejecutivo autonómico, la futura norma “supondrá la primera actualización del marco legal de la política forestal andaluza en más de 30 años” (la actual lleva vigente desde 1992) y responde a la “demanda de múltiples sectores, forestal, empresarial y ecologistas, entre otros, que desde hace años han solicitado una actualización del marco normativo para abordar los retos para el desarrollo sostenible actuales y futuros. Con este paso, comienza un proceso que busca garantizar la gestión sostenible de los montes andaluces, que representan casi la mitad del territorio de la comunidad”.
En el caso de Castilla-La Mancha, el cambio se va a materializar en el el anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa.
Como detallan desde la Junta a idealista/news, “en el Título VIII vienen reguladas las Entidades Colaboradoras de la Administración en materia Forestal (ECAF), donde se señala que podrán participar en procedimientos relacionados con los aprovechamientos forestales, y por ende, su futura contribución en el incremento del suministro de madera”.
El texto ya ha sido remitido al Consejo Consultivo el pasado 29 de enero, a la espera de que el organismo se lo remita de nuevo al Gobierno regional y el texto llegue a las Cortes autonómicas para iniciar su tramitación parlamentaria. “El compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, es que esta ley esté aprobada a lo largo de este año“, puntualiza la Junta. Y añade que “la futura norma y el conjunto de medidas que la componen buscan incrementar las cotas de agilidad en los expedientes y simplificar la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración regional”.
Y, en este contexto, “para seguridad del ciudadano, la empresa y la tranquilidad de la Administración, se prevé que las declaraciones responsables vayan acompañadas de informes de una Entidad Colaboradora de la Administración”. Entre las 11 competencias en las que podrán intervenir estas entidades colaboradoras está la gestión forestal.
Tras los cambios normativos anunciados, todavía queda un paso para que estas figuras sean una realidad: su desarrollo reglamentario. Actualmente, la Fundación Gómez-Pintado está preparando sugerencias para sendos reglamentos autonómicos, con el objetivo de que las Entidades Selvícolas de Colaboración se puedan acreditar al igual que las ECUs, que se regulan según la normativa internacional ISO 17020.
Dentro de ese desarrollo reglamentario se tendrán que definir las competencias de estas nuevas entidades, así como sus características concretas para poder estar registradas en la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); por ejemplo, el número de técnicos que deben tener o qué avales debe presentar la entidad para poder ejecutar una actuación a propuesta de la Administración. En el marco de esos trabajos de estudio, la fundación está en conversaciones con la industria de la madera, donde se engloban desde empresas que tienen refinerías hasta las que se dedican a la fabricación de muebles o embalajes.
Un país de mucha superficie forestar y escasa extracción
Según un estudio elaborado por la Fundación Gómez-Pintado y Analistas Financieros Internacionales (AFI), España es el segundo país de la Unión Europea con más superficie forestal, con un total de 28,2 millones de hectáreas. Esto significa que los ecosistemas forestales ocupan más de la mitad de la superficie nacional.
Sin embargo, y pese a ocupar el segundo puesto por superficie, nuestro país es el octavo por volumen de madera y tiene una tasa de extracción que ha rondado de media el 40% en lo que llevamos de década, situándose 15 puntos por debajo de la UE en ese mismo periodo. El documento incide en que las zonas forestales susceptibles de ser aprovechadas se encuentran en la ‘España vacía’.
Castilla y León, en concreto, es una de las comunidades autónomas que más madera tiene con capacidad de aprovechamiento, seguida de Castilla-La Mancha, Andalucía y también Aragón. Sin embargo, las tasas de extracción son modestas, situándose en el 23% en el caso de Castilla y León, y en el 9% en el de Castilla-La Mancha. En su caso, apenas 250 trabajadores se dedican a labores de gestión y aprovechamiento en una región que posee una superficie forestal de un tamaño equivalente a Bélgica (38.000 km2).
Al otro lado de la tabla se encuentran el País Vasco, Galicia y Navarra, donde la gestión forestar está muy desarrollada a nivel autonómico. Son regiones con larga tradición forestal e industrial, y donde se encuentran algunos de los principales aserraderos del país, como el caso de Ebaki (Vizcaya) o el de Finsa (A Coruña).
Potencial para generar actividad económica y empleo
La promotora Vía Ágora anunció hace justo un año su entrada en el negocio de la gestión forestal tanto de monte público como privado, una rama que en el futuro podría llegar a suponer el 20% del grupo que preside Juan Antonio Gómez-Pintado, a través de la sociedad Lignum Tech Forest. Actualmente, la compañía está gestionando algunos montes privados en Castilla-La Mancha.
Según explicó el grupo promotor, su objetivo es invertir anualmente 3,5 millones de euros en este nuevo nicho de negocio, basado en la gestión de la madera en la edificación, que busca “dar respuesta a importantes desafíos como descarbonizar el parque de viviendas, generar riqueza y empleo en la España despoblada, mejorar la biodiversidad, minimizar el riesgo de incendios, disponer de unos datos forestales homogéneos, industrializar el proceso constructivo y fijar población en las zonas rurales”.
El estudio de la Fundación Gómez-Pintado y AFI, por ejemplo, estimaba que la gestión forestal podría suponer un incremento del PIB en Castilla-La Mancha cercano a los 700 millones de euros, mientras que el aumento rondaría los 500 millones en Castilla y León.
Además, permitirá crear una “industria de gran valor añadido en torno a la edificación. Mediante esta gestión forestal responsable se impulsará la transformación del sector inmobiliario haciéndolo más sostenible, innovador y eficiente empleando materiales como la madera en la construcción”, según el presidente del grupo Vía Ágora.
Proyectos privados y públicos en diferentes zonas de España
El uso de la madera en la construcción ha ido ganando protagonismo en los últimos años y cada vez hay más desarollos inmobiliarios en los que se utiliza este material, al menos parcialmente. La mayoría son promociones residenciales, aunque también hay ejemplos de hoteles o de comunidades rurales.
El grupo Vía Ágora es uno de los que más está usando la madera en sus proyectos de viviendas, con seis promociones entregadas con un total de 705 unidades, incluyendo las destinadas a la venta y al alquiler; y cuatro proyectos en curso, con 199 unidades adicionales. También tiene otros cuatro proyectos sobre la mesa para desarrollar más vivienda en Madrid y Sevilla.
Mientras, Lignum Tech ha dado un paso más en el tratamiento de la madera: compró el pasado mes de febrero dos nueva parcelas en Cuenca, en el polígono SEPES, para construir junto a su planta robotizada una nueva instalación, en este caso especializada en la primera transformación de la madera. En ella se llevarán a cabo procesos de descortezado, aserrado, secado, cepillado y clasificación estructural de la madera, además de gestionar de manera sostenible los recursos forestales a través de Lignum Tech Forest.
Tras estas iniciativas, el grupo de Juan Antonio Gómez-Pintado recientemente ha recibido el reconocimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por sus avanzar en sus objetivos de reducir y compensar su huella de carbono, mejorar su eficiencia energética e impulsar la sostenibilidad en todas las fases de su proceso productivo.
A la tendencia de usar la madera en las promociones también se han sumado otros grupos como Aedas Homes. La compañía capitaneada por David Martínez anunció en verano de 2023 su primera promoción con madera (y hormigón en los cimientos) en San Juan de Alicante, cuyas viviendas ya se han entregado.
Actualmente, Aedas suma siete proyectos en los que ha implementado este material en estructuras o fachadas, tanto en unifamiliares como en edificios en altura, repartidas por varios puntos del país, desde Valencia a Mallorca, pasando por Madrid o San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
En Málaga, uno de los desarrollos más destacados es el planteado por Terra Green Living, empresa en la que Juan Velayos es accionista y que forma parte del Grupo JV20. El proyecto estará ubicado en el Distrizo Zeta de la capital andaluza y ya dispone de la licencia de obra para la construcción de dos edificios de madera, cada uno de cuatro plantas, que albergarán un total de 73 viviendas, así como garaje, trasteros y diferentes zonas comunes, como pisicina, jarines, espacio para eventos, gimnasio o ‘coworking’.
A los proyectos residenciales del sector privado se unen también los públicos, como los del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid).
A principios del año pasado, el Consistorio anunció el incio de las obras de una promoción de 52 viviendas públicas en el distrito de Barajas, construida íntegramente con sistemas industrializados en madera. Y recientemente ha confirmado que trabaja en la licitación de su segunda promoción de viviendas de madera, que se ubicará en Moncloa-Aravaca. Se trata de un inmueble que tendrá 30 viviendas y estará destinado a alquiler asequible para jóvenes, según adelantó idealista/news.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha impulsado proyectos similares en los últimos años. El Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) adjudicó en verano de 2021 varias promociones de viviendas destinadas al alquiler social. Y dos de ellas son las dos que está desarrollando el grupo Sorigué en los barrios de La Verneda y Besòs de la capital catalana (ambos en el distrito de Sant Martí) que suman más de 80 unidades. Las obras de construcción empezaron a principios de 2023 y el edificio de La Verneda será el edificio de madera más alto de Cataluña cuando termine su construcción.
Por esas mismas fechas, el Consistorio barcelonés dio luz verde al inicio de las obras de 42 viviendas públicas de producción industrializada con madera en la calle de Pallars, en el barrio del Besòs i el Maresme, en una de las promociones de madera más altas de la ciudad.
En los últimos tiempos la madera también ha ganado peso en otras construcciones, más allá del residencial tradicional. Algunos proyectos destacados son los que ha impulsado la promotora ACR, como el primer edificio construido en España con el sistema industrializado híbrido de madera y hormigón: un hotel B&B ubicado en Tres Cantos (Madrid). La compañía también ha utilizado madera en un proyecto de vivienda flexible en Valdebebas (Madrid), un edificio que contará con medio millar de apartamentos y zonas comunes, como gimnasio, ‘coworking’, zonas verdes, azotea y piscina.
Asimismo, actualmente hay proyectos destinados a crear comunidades rurales, como la que ha presentado la promotora Distrito Natural en el Valle del Tiétar (Ávila). Su proyecto, bautizado como vibio.land, es un complejo residencial de 52 coviviendas ecológicas que contará con espacios de ‘coworking’, zona ‘wellness’, huerto propio y restaurante. Y está previsto que sea una realidad a finales de 2026.
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